Una iniciativa de ley que pretender hacer legal matar inmigrantes si estos traspasan la propiedad privada avanza por el Congreso de Arizona, controlado por el Partido Republicano. La polémica norma modifica una ley vigente, conocida como la doctrina Castle, y justifica el uso de fuerza letal contra cualquiera que invada un terreno, propiedad o casa. La gobernadora demócrata del Estado, Katie Hobbs, ha prometido vetar la ley si esta es aprobada por el Senado estatal.
La House Bill 2843 (HB 2843) quiere expandir los derechos de los terratenientes de Arizona ante el incremento de migrantes procedentes desde México. La doctrina Castle permite el uso de fuerza letal en contra de quien invada una propiedad o tenga la intención criminal de hacerlo. Como está redactada ahora, la ley requiere que el agresor esté también en una estructura “adaptada para la residencia o el alojamiento de una persona”, sin importar si esta está ocupada o no. Es decir, que ingrese a un hogar.
El legislador republicano Justin Heap quiere abrir la interpretación de la doctrina. Su propuesta es modificar un puñado de palabras del texto original para hacerla más permisiva al uso de la fuerza. En cursiva los cambios propuestos: “Para el propósito de esta sección, las posesiones significan cualquier propiedad o estructura, móvil o inmóvil, permanente o temporal, adaptada para ya sea como residencia o alojamiento, esté o no ocupada”.
“Si un granjero es propietario de un rancho de 4.000 hectáreas, quizá su casa está a dos kilómetros de donde él está, pero si ve alguien en su propiedad, ¿puede acercarse a él y expulsarlo de su propiedad? Propongo una enmienda para poder corregir esto”, aseguró Heap el pasado 14 de febrero a los integrantes del Comité judicial. El representante de Mesa, un suburbio de Phoenix, aseguró el objetivo de su propuesta era corregir un vacío de la norma que ha llevado a un “creciente número de inmigrantes y traficantes de personas que están moviéndose por ranchos y granjas”.
La semana pasada, la Cámara Baja del Congreso local votó una serie de duras medidas para frenar el flujo migratorio que llega al Estado fronterizo. Los legisladores demócratas han considerado que las normas aprobadas por la mayoría republicana se basan en la polémica SB 1070, una polémica norma que criminalizó a los indocumentados en 2010 y que después fue dejada sin efecto después de varios recursos judiciales federales.
“Seguimos hablando de los migrantes que están inundando nuestro país como si fueran trabajadores agrícolas de Guatemala buscando una mejor vida […] cuando lo que está sucediendo en la frontera sur es una crisis humanitaria”, aseguró Heaps en el Congreso la semana pasada. El congresista aseguró que están llegando a la zona inmigrantes provenientes de Senegal, Bangladesh y China.