Justicia de Estados Unidos recuperó el acceso a los documentos confiscados a Donald Trump tras fallo de la Corte de Apelaciones

Créditos: Reuters

La jueza federal Aileen Cannon había nombrado el pasado 15 de septiembre a Raymond Dearie, como único responsable de la revisión de aproximadamente 100 registros marcados como clasificados.

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este miércoles que el Departamento de Justicia puede continuar con acceso a los documentos confiscados al ex presidente Donald Trump, en Mar-a-lago, Florida, por lo que no solo tendrá acceso a ellos el perito independiente designado, Raymond Dearie.

Un panel de tres jueces del undécimo circuito de la Corte de Apelaciones estadounidense, que cubre los estados de Alabama, Florida y Georgia, suspendió la orden emitida por la jueza federal de distrito Aileen Cannon, que, en un tribunal de primera instancia, había denegado al Departamento de Justicia una moción para continuar revisando e investigando material incautado en la residencia de Trump.

“Es evidente que el público tiene un gran interés en garantizar que el almacenamiento de los registros clasificados no resulte en un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional”, señaló el panel de tres jueces.

Cannon nombró el pasado 15 de septiembre al juez federal Raymond Dearie, antiguo magistrado principal del tribunal del distrito con sede Brooklyn, como único responsable de la revisión de aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados, así como los documentos físicamente adjuntos a los mismos.

Este martes, el Departamento de Justicia presentó una moción urgente en el undécimo circuito de apelaciones con respecto al uso de los 100 documentos marcados como clasificados que habían sido incautados en Mar-a-Lago por el FBI el pasado 9 de agosto.

En su apelación ante este tribunal, con sede en Atlanta, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la orden de Cannon “perjudica” su investigación criminal y daña irreparablemente al gobierno al bloquear “pasos críticos de una investigación criminal en curso y obligar a la divulgación de registros altamente confidenciales”, según un documento legal difundido este miércoles.

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