La Corte Suprema ha impedido que la administración de Biden exija que los empleados de las grandes empresas se vacunen contra el COVID-19 o se sometan a pruebas semanales y usen mascarilla en el trabajo. No obstante, el tribunal ha permitido que la administración proceda con un mandato de vacunación para la mayoría de los trabajadores de la salud en los EE. UU.
La mayoría conservadora de la corte concluyó que la administración se sobrepasó en su autoridad al tratar de imponer la regla de vacuna o prueba de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas estadounidenses con al menos 100 empleados. Más de 80 millones de personas se habrían visto afectadas.
“OSHA nunca antes había impuesto tal mandato. Tampoco el Congreso. De hecho, aunque el Congreso ha promulgado una legislación significativa que aborda la pandemia de COVID-19, se ha negado a promulgar cualquier medida similar a la que OSHA ha promulgado aquí”, escribieron los conservadores en una opinión sin firmar.
En desacuerdo, los tres liberales de la corte argumentaron que era la corte la que se estaba extralimitando al sustituir sus juicios por expertos en salud. “Actuando fuera de su competencia y sin base legal, la Corte reemplaza los juicios de los funcionarios gubernamentales a los que se les asignó la responsabilidad de responder a las emergencias de salud en el lugar de trabajo”, escribieron los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor en una disidencia conjunta.
El mandato de vacunación que el tribunal permitirá que se haga cumplir en todo el país cubre prácticamente a todos los trabajadores de la salud del país.
Más de 208 millones de estadounidenses, el 62,7% de la población, están completamente vacunados, y más de un tercio de ellos han recibido vacunas de refuerzo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales. Los nueve jueces han recibido vacunas de refuerzo.