Estados Unidos seguirá ejerciendo una presión significativa sobre el gobierno de Venezuela, en alianza con el bipartidismo norteamericano y diversos países, para que el chavismo cumpla con los acuerdos políticos firmados en Barbados y pueda celebrarse una elección presidencial competitiva este año, prevén los expertos.
Un fallo judicial en Venezuela pareció dar una estocada a la posibilidad de una votación transparente y justa, como espera la comunidad internacional.
El viernes, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó que María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora con amplísima ventaja, no podrá ser candidata por una inhabilitación de la Contraloría, por 15 años.
Estados Unidos anunció entre sábado y lunes que renovaría sus sanciones económicas contra la estatal minera venezolana Minerven, desde el 13 de febrero, y contra las operaciones de petróleo y gas en Venezuela a partir del 18 de abril, cuando vence una licencia que alivió esas mismas restricciones como incentivo a los pactos políticos.
Delegados del chavismo y de la oposición firmaron en octubre en Barbados una serie de acuerdos para mejorar las condiciones electorales, comprometiéndose a respetar el mecanismo de escogencia de sus candidatos, aceptar observación internacional proba y fijar la votación presidencial para el segundo semestre de este año.
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estados de Estados Unidos, advirtió esta semana que el arresto de opositores y la inhabilitación de candidatos para las presidenciales son “inconsistentes” con los acuerdos de Barbados.
Voceros del chavismo repudiaron el ultimatúm de Estados Unidos, amenazando con suspender los vuelos de deportación de venezolanos desde la nación norteamericana a Caracas, que se reanudaron hace 3 meses en el marco de los acuerdos de Barbados.