A Arturo Murillo se lo acusó de conspiración para cometer lavado de dinero. Está detenido en ese país desde mayo de 2021.
El exministro boliviano de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, acusado en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero y detenido en este país desde mayo de 2021, fue sentenciado este miércoles a 5 años y 10 meses de cárcel, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En un comunicado, el ente federal especifica que Murillo, de 58 años, deberá pasar 70 meses de prisión “por conspiración para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el Gobierno boliviano”.
El ex ministro boliviano se declaró culpable el 20 de octubre de 2022 de un cargo de “conspiración para cometer lavado de dinero”, añade el Departamento de Justicia. Según documentos judiciales, Murillo recibió al menos 532.000 dólares en pagos de sobornos de una empresa con sede en Florida a cambio de ayudar a esa empresa a obtener un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares en 2019, con el fin de proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia.
El medio local WPLG detalló en octubre pasado que la empresa implicada, International Defense Group, está localizada en Tamarac, en el sureste de Florida. El contrato fue realizado para proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos militares a Bolivia durante la gestión de la ex presidenta interina Jeanine Áñez. Esta asumió el poder en noviembre de 2019, luego que el presidente Evo Morales renunciara en medio de violentas protestas.
El ex ministro Murillo y su ex jefe de gabinete, Sergio Méndez, fueron arrestados junto con otros tres ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos. Las detenciones se produjeron en mayo de 2021 en los estados de Florida y Georgia, y ambos enfrentaron cargos por su presunta implicación en la trama de soborno y lavado de dinero. También, fueron detenidos los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes, según la investigación, pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, de Méndez y de otro funcionario del país andino que no fue identificado.