María Fernanda Contreras, Marifer de 27 años, destapó la alerta de la crisis de desapariciones que actualmente se vive en el país y particularmente en Nuevo León. Lamentablemente fue encontrada muerta después de una intensa campaña de búsqueda a través de redes sociales y medios de comunicación.
En el Estado estamos sumidos en fuertes problemas de agua, incendios e inseguridad. Por supuesto, siguen sorprendiendo e indignando los destapes de corrupción de la administración gubernamental anterior. Pero nada, se compara a las desapariciones de mujeres, en su mayoría jovencitas, que en las últimas semanas se han incrementado.
A los feminicidios se suman las desapariciones de mujeres que hace más de 20 años iniciaron en Ciudad Juárez, Chihuahua y que ahora se ha extendido a otros estados como Nuevo León, el Estado de México, Morelos, Jalisco y Zacatecas, que son los que reportan mayor número de desapariciones en el país.
Se calcula que en lo que va del año, siete mujeres desaparecen en promedio al día en el país y 11 son asesinadas. Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas del total de los dos mil 272 casos registrados hay 748 mujeres, el 33 por ciento, que se encuentran en esta situación.
En Nuevo León en lo que va del año se reportan 33 mujeres no localizadas de 327 reportadas, 289 de ellas fueron encontradas con vida y cinco sin vida.
Las explicaciones oficiales no satisfacen; los argumentos de que la mayoría de las desapariciones reportadas son ausencias voluntarias o que no hay una banda de trata de personas, o que son casos aislados, no responden con claridad a la indignación y preocupación ciudadanas por el tema y particularmente de las familias víctimas que viven la angustia por la ausencia de sus seres queridos sin explicación alguna.
La instalación de un grupo especial de búsqueda y atención a feminicidios; el nuevo protocolo Alba, que considera la investigación de todos los delitos relacionados con desapariciones y violencia sexual; la asignación de 50 millones de pesos para las desapariciones; la recompensa económica por información; y la suma de 200 elementos al actual grupo de búsqueda con facultades para actuar de forma inmediata, son buenas medidas anunciadas por el Gobierno de Nuevo León, sin embargo la solución debe ser estructural, integral y sistémica.
No podemos dejar el tema solo como narrativa, se necesitan acciones.
El Estado tiene la responsabilidad de prevenir y hacer justicia; trabajar en protocolos puntuales que eliminen burocracia; reaccionar de manera inmediata ante evidencias encontradas; incorporar tecnología para la investigación e identificación de víctimas y bandas delictivas, y eliminar la impunidad. Además, tener una coordinación efectiva con todas las dependencias de gobierno y comunicación empática con víctimas. Hay un evidente rezago en la atención de estas responsabilidades oficiales.
Por su parte, las instituciones deben adoptar prácticas y protocolos con perspectiva de género, nuevas masculinidades, y privilegiar la cultura de la inclusión y diversidad. La sociedad, señalar y denunciar las violencias en todas sus formas y desde luego en la familia, promover y prevenir la cultura del cuidado, del respeto y de paz. No basta compartir imágenes por redes sociales, debemos trabajar de manera colaborativa en la protección de menores y chicas amenazadas.
Acciones como ofrecer transporte seguro, resguardo en negocios ante amenazas, aplicaciones para dar seguimiento en trayectos, compartir imágenes en cámaras de seguridad de particulares y empresas, y estar en alerta del entorno para advertir situaciones de riesgo, son algunos ejemplos que como comunidad podemos hacer y que ya algunas personas están realizando.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los casos de mujeres víctimas de trata de personas se incrementaron en un 40 por ciento en México en los últimos cuatro años al pasar de 360 en 2018 a 503 en 2021. Sin embargo, esta cantidad no refleja la realidad, según organizaciones no gubernamentales. El delito de trata de personas tiene una cifra negra por arriba del 80 por ciento de lo declarado por las autoridades oficiales. “Está invisibilizado. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto al número de víctimas. Lo anteceden Tailandia y Camboya”, expresó Alicia Mesa Bribiesca, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, a una entrevista con el periódico El Universal.
Entre las ciudades de destino de muchas mujeres víctimas de trata para explotación sexual se encuentra en Tijuana, Estado de México, ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz e incluso Nueva York. Son niñas y mujeres de entre 12 y 35 años principalmente de los estados de Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, San Luis y Chiapas.
Lamentablemente la sociedad termina normalizando, con dolor, este tipo de situaciones, ante la desconfianza hacia autoridades y carencia oportuna de información; la búsqueda la continúan sin descanso las familias víctimas que con pico y pala buscan en terrenos baldíos rastros o señales de sus hijos o hijas desaparecidas.
“No puedo estar en mi casa si no está mi hija”, señaló Mario Escobar, padre de Debanhi, desaparecida desde el 8 de abril.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es la justa exigencia.