Venezuela: entre sanciones y decisiones

El gobierno de Estados Unidos anunció el pasado martes 17 de mayo algunas medidas, que como informara la prensa internacional, “relajo” las sanciones impuestas contra los gobernantes e instituciones de Venezuela.

Ciertamente, y a juicio de quien hace este análisis, no hubo tal relajo, tampoco hubo nuevas sanciones. Lo que hizo la administración Biden fue tomar dos medidas que, por un lado benefician, en el futuro próximo, a una empresa 100% estadounidense (ex del grupo de las 7 hermanas), CHEVRON, y por el otro, un gesto amistoso con el gobierno de Maduro.

La primera de ellas es la de autorizar a Chevron Corp. a renegociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano.

Chevron, con sede en California, es la última gran compañía petrolera estadounidense en hacer negocios en Venezuela, sus primeras inversiones en el país datan del año 1920. Esta empresa produjo alrededor de 200.000 barriles por día en 2019, pero en 2020 el gobierno de Estados Unidos le ordenó reducir la producción y desde entonces solo se le ha permitido realizar trabajos esenciales en pozos petroleros para preservar sus activos y niveles de empleo en Venezuela.

La nueva medida permite a “Chevron negociar los términos de posibles actividades futuras en Venezuela”, por ahora, ni un paso más allá de eso. Es importante señalar que esa autorización no es nueva ya que cada 6 meses CHEVRON la solicitaba al gobierno estadounidense y era otorgada, el cambio estaría en que ahora no sería necesario solicitar una renovación de la misma. Motivo por el cual no se puede hablar de relajamiento.

Y la segunda, eliminar de una lista de personas sancionadas, al sr. Carlos Erik Malpica Flores, ex alto funcionario de PDVSA y otros organismos del Estado Venezolano, además de ser sobrino de la primera dama de Venezuela. Lo que necesariamente habría que interpretarlo más, como una concesión graciosa y exclusiva a la familia Maduro-Flores, que como un relajamiento de sanciones y que poco o nada aporta a las futuras relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

El Sr. Malpica Flores fue tesorero nacional y vicepresidente de finanzas de PDVSA. Fue sancionado en el 2017, cuando Estados Unidos apuntó a personas vinculadas con la corrupción gubernamental venezolana. Vale señalar que decenas de venezolanos, incluido el fiscal general del país y el jefe del sistema penitenciario, y más de 140 entidades, entre ellas el Banco Central de Venezuela, seguirán sancionadas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos continuará prohibiendo las transacciones con el gobierno venezolano y PDVSA dentro de los mercados financieros estadounidenses.

El propio Maduro está bajo acusación en Estados Unidos, acusado de conspirar para “inundar Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “arma contra Estados Unidos”. Lo anterior no va a cambiar. Por ahora.

A mi modo de ver, estas medidas deben verse en diferentes planos, siendo el primero de ellos, el global y cuyo telón de fondo es la guerra que actualmente se desarrolla entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos tomó la decisión de prohibir la importación de petróleo ruso lo cual lo llevó a voltear la vista, entre otros, hacia una Venezuela, poco confiable y la medida apunta a que esa empresa pueda seguir operando en “territorio hostil”. Sin embargo, al mismo tiempo, prohíbe a sus ciudadanos, así sean de a pie, reunirse con sus homólogos venezolanos para abordar temas de negocios.

Me atrevería a pensar que la primera de ellas apunta a aliviar, en el futuro, la necesidad de gas y petróleo de Europa, por un lado para apoyar la eliminación de la dependencia energética europea de Rusia y por el otro, con la reaparición de Venezuela en el mercado petrolero mundial se iniciaría el camino hacia el equilibrio de los precios del petróleo a nivel global. Y llegó a esa conclusión por las declaraciones realizadas por la secretaría de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en el sentido de que Estados Unidos no importará petróleo de Irán ni de Venezuela. Esa declaración de prensa fue realizada 2 días después de que la administración Biden anunciara el supuesto alivio de las sanciones.

El segundo plano es el de la estabilidad política de Venezuela y en este sentido, el escenario nos indica que tres son los pilares que orientan la posición Estados Unidos: el interés en el petróleo venezolano, el apoyo a la vuelta a la mesa de negociación y la vinculación de las sanciones a los acuerdos concretos que se alcancen en ella y no por el acceso al sector petrolero.

Lo indicado anteriormente es importante porque tiene que ver con el futuro político de Venezuela. Y es que ese enfoque calibrado busca una hoja de ruta clara en país, donde el único camino que se aspira que tenga el régimen venezolano, para el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos, sea la negociación entre el régimen de Maduro y la oposición, y que conduzca a resultados concretos, la cual, en principio se retomaría pronto en México.

Si el Gobierno de Nicolás Maduro regresa a las negociaciones con la oposición, y se obtiene el compromiso serio de garantizar elecciones libres y justas en 2024, Estados Unidos podría permitir que Chevron comience a enviar equipos a Venezuela.

Si el gobierno de Nicolas Maduro accede a que se realicen elecciones libres y justas en el 2024, Estados Unidos revisará las sanciones impuestas por el gobierno de Trump. De lo contrario veríamos el regreso al status quo anterior, así como también el retorno de Malpica Flores a la lista de chicos malos de Estados Unidos.

Como se podría interpretar esto?A mi modo de ver, Estados Unidos entendió que la oposición no está en condiciones de producir un cambio en Venezuela, por lo que era necesario asumir posiciones firmes que además de facilitar el diálogo bilateral, permita la celebración de elecciones libres, ajustadas a los preceptos democráticos. Reitero, ello pasa por realizar algunas concesiones a Maduro que no comprometan el interés nacional de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo permita a la oposición reorganizarse y pueda elegir un candidato para la elección presidencial del 2024, y en torno al cual giraría todos los grupos y partidos que se oponen al régimen de Maduro.

Los riesgos, siguen siendo muchos, pero los mayores pudieran ser la inmovilidad, el debate público desconcertante que no transmite seguridad a la ciudadanía, a esos riesgos le agregaría la designación de un candidato opositor que no pueda generar suficiente credibilidad en la sociedad y que no pueda soportar la presión de una oposición liderada por el madurismo.