En un anterior escrito me referí al significado de tener instituciones sólidas para un país. Ellas están representadas por reglas formales e informales en una sociedad; son ideadas por el hombre para facilitar la interacción y el intercambio entre individuos, ya sea a nivel político, social o económico. Las reglas formales son por ejemplo: leyes, normas, ordenanzas; mientras que las reglas informales se refieren a la cultura, las tradiciones, etc.
No hay forma de que lo mencionado anteriormente se pueda desarrollar en un sistema diferente a la Democracia. Cuando esas instituciones se quiebran son casi imposibles de repararlas y tomaría mucho tiempo en llevarlas al estado en que se encontraban al momento de haberse roto ese hilo constitucional que las une.
Hoy el mundo está siendo un espectador pasivo de lo que un país, Estados Unidos, está haciendo para mostrar lo que pueden hacer las instituciones en defensa de la democracia. La creación, en la cámara de representantes, de un comité para investigar los lamentables sucesos que ocurrieron el 6 de enero de 2021, cuando un numeroso grupo de personas, en apoyo al entonces presidente Donald Trump y aspirante a la reelección, asalto el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de provocar la invalidación de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en noviembre de 2020 y cuyo resultados dieron como ganador al actual presidente Joe Biden.
Lo que el comité intenta demostrar es que no se trató de un presidente con preocupaciones razonables sobre el fraude o una protesta que se salió de control. Si no que, se está intentando obtener las pruebas de que Trump formó parte de una conspiración criminal contra la democracia; que sabía que no había un fraude generalizado porque su propio entorno se lo dijo, que, de manera intencional, convocó a una turba para que detuviera la entrega del poder a Joseph Biden y se quedó cruzado de brazos sin hacer casi nada cuando el ataque comenzó.
Es muy probable que en los más de 200 años de historia de Estados Unidos nunca se haya hecho una acusación más comprometedora contra un presidente estadounidense que la presentada en una sala de audiencias del Congreso, donde todo parecía indicar que el futuro de la democracia estuvo en riesgo.
A otros mandatarios se les ha acusado de actuar mal, incluso de cometer delitos e infracciones, entre otros, Andrew Johnson y Bill Clinton fueron acusados por la Cámara de Representantes, aunque absueltos por el Senado, John Tyler se puso del lado de la Confederación durante la Guerra de Secesión, Richard Nixon renunció bajo amenaza de juicio político por abusar de su poder para encubrir actividades corruptas de campaña y Ronald Reagan el caso Irán-Contras. Pero el caso en contra de Donald Trump formulado por la comisión bipartidista de la Cámara de Representantes es diferente, miembros de ese comité investigador señalan: “no solo describe a un presidente deshonesto, sino a un aspirante a autócrata dispuesto a violar la Constitución para aferrarse al poder a toda costa”.
Como lo describió la comisión durante su audiencia televisiva: Trump ejecutó una conspiración en siete partes para anular una elección democrática libre y justa. Según el panel,
“le mintió al pueblo estadounidense, ignoró todas las pruebas que refutan sus falsas denuncias de fraude, presionó a los funcionarios estatales y federales para que anularan los resultados de las elecciones que favorecen a su contrincante, alentó a una turba violenta a atacar el Capitolio e incluso señaló su apoyo a la ejecución de su propio vicepresidente, cuando las bandas armadas coreaban CUELGUEN AL VICEPRESIDENTE”.
Durante las numerosas audiencias realizadas por el comité que investiga el asalto al Capitolio, han surgido pruebas y testimonios que aumentan la presión para iniciar un proceso judicial contra el expresidente. Vale señalar que entre los más diligentes acusadores del expresidente se encuentran personas que formaron parte de su círculo más cercano de colaboradores.
SI bien es cierto que las audiencias del comité de la Cámara de representantes no son un juicio en sí mismo, también los es que el panel de representantes tiene la libertad de ser selectivo con respecto a los testimonios y testigos que utiliza para plantear una acusación contra Trump sin embargo el expresidente no tiene aliados en el comité que puedan cuestionar a los testigos ni proporcionarle información que le sea de utilidad.
El profesor de Derecho en la Universidad Duke y exfiscal federal Samuel W. Buell, en una declaración pública indicó que “cualquier acción penal contra Trump tendría que comenzar por establecer que él sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. “Hay que demostrar que sabía que lo que estaba haciendo no era correcto y que no tenía sustento legal para hacerlo”. En lenguaje simple y coloquial, se trataría de probar lo que pensaba.
Según expertos juristas, la cuestión de la intención, puede ser confusa cuando el delito investigado implica una acción en la que el estado mental del acusado puede ser difícil de establecer y Los delitos que pudo haber cometido Trump: obstrucción al Congreso, defraudación al pueblo estadounidense y conspiración sediciosa caen en esa categoría. Lo que les he querido indicar es que el comité se enfrenta a una serie de obstáculos que debe superar para demostrar la intención.
Es por esa razón que los más importantes especialistas legales consideran que sería un caso no solo difícil de concluir sino de armar un expediente que su contenido tenga tal fuerza que no quede la menor duda de que se cometió un delito contra la democracia más antigua de las Américas.
Lo sucedido en el capitolio ha adquirido relevancia en los últimos días a raíz de que se diera a conocer que el expresidente tiene planes de anunciar su candidatura para un segundo mandato en los comicios presidenciales de 2024, en donde podría volver a encontrarse con el actual Presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien enfrenta cuestionamientos entre los demócratas y una popularidad que apenas rebasa el 30 por ciento. Pero lo más importante para Trump es que tendrá que lidiar con los señalamientos por su presunta responsabilidad en los hechos suscitados el pasado 6 enero del 2021.
Para los demócratas, un veredicto de culpabilidad sería un rechazo formal y permanente al comportamiento de Trump. Si el exmandatario fuera condenado, el Senado podría realizar una votación para decidir si se le prohíbe postularse de nuevo para un cargo público, algo que, según los argumentos de los demócratas, sería lo mejor para Estados Unidos. Una absolución les daría a los republicanos una suspensión de la condena del miembro más popular de su partido. Lo anterior desataría la inevitable caza de brujas para castigar a aquellos republicanos que intentaron traicionar a Trump.
Quiero reiterar que esa es la respuesta que da la Sociedad a un intento de violar la constitución y las leyes. Sea cual sea el resultado de la investigación, el Jurado de la historia tendrá y tomará su propia decisión.