El plazo para renovar el mecanismo de la ONU para la entrega de ayuda humanitaria desde Turquía al último bastión rebelde del noroeste de Siria expiró recientemente, sin que los miembros del Consejo de Seguridad lograran un acuerdo para renovarlo.
Rusia vetó una resolución que habría extendido este sistema durante un año y, pese a que durante el fin de semana los quince países continuaron las conversaciones, la medianoche en Siria pasó sin que haya habido una nueva votación.
Moscú ya había dejado claro ese día que únicamente aceptaría los términos que ella misma había propuesto en un texto alternativo que planteó y que habría prorrogado el mecanismo durante seis meses, un periodo considerado excesivamente corto por las organizaciones humanitarias y que fue rechazado por una mayoría del Consejo de Seguridad.
El texto ruso, además, incluía lenguaje que no gustaba a las potencias occidentales y Washington, por ejemplo, había dado a entender que si Rusia no estaba dispuesta a negociar no habría resolución.
El Gobierno ruso, gran aliado de las autoridades de Damasco, defiende desde hace tiempo que lo mejor sería dejar progresivamente de entregar ayuda a Idlib desde el exterior y pasar a canalizar toda esta asistencia desde el interior del país, lo que haría que dependa del Ejecutivo sirio.
Según Moscú y Damasco, esta ayuda que entra por el cruce de Bab al Hawa beneficia a grupos terroristas fuertes en la zona, como la organización antes conocida como Frente al Nusra, sancionada por la ONU.
La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, aseguró a través de Twitter que su país está comprometido con el suministro de ayuda a la provincia siria de Idlib y seguirá “luchando por el mandato transfronterizo” que por ahora desaparece.
Al mensaje no tardó en responder el embajador adjunto de Rusia, Dmitry Polianskiy, que aseguró que “no hay necesidad de luchar” y que recordó que su país propuso también extender el mecanismo y su propuesta fue rechazada.
Tanto la ONU como las organizaciones que trabajan sobre el terreno han advertido repetidamente que el fin de este mecanismo de ayuda transfronteriza puede desencadenar una catástrofe humanitaria en el noroeste de Siria, dado que más de cuatro millones de personas dependen de la asistencia.