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La Fiscalía de San Diego presentó cargos contra el dueño de una compañía que vendía equipo táctico y sistemas de espionaje a gobiernos estatales mexicanos. Uno de sus clientes, un alcalde de Morelos, ingresó sin autorización a las redes sociales de un rival político, de acuerdo con la acusación.
Carlos Alberto Guerrero Villanueva, un empresario que fue considerado el principal proveedor de sistemas de espionaje que usaron los gobiernos de Baja California y Durango, se declaró culpable el martes de comercializar esos dispositivos. Guerrero sabía que los usarían con fines políticos.
La Fiscalía del Distrito Sur de California alega que el empresario de 48 años y residente de San Diego y Tijuana, conspiró para vender y usar herramientas de espionaje fabricadas por compañías de Italia, Israel y otros países. Sus principales clientes eran políticos mexicanos, quien tenían interés en seguir los pasos de sus opositores y empresarios que querían vigilar de cerca a sus competidores.
Este mexicano compareció el martes en una corte federal de San Diego y quedó libre tras el pago de una fianza. La jueza Janis Sammartino le permitió residir en México mientras espera su audiencia condenatoria que se programó para el próximo 13 de mayo. Él enfrenta una condena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad condicional y una multa de 250.000 dólares.
Su nombre y su compañía Elite by Carga, con sede en Tijuana, aparecieron en correos electrónicos subidos a la plataforma WikiLeaks en 2015. En estos se indicó que era intermediario de Hacking Team, una empresa italiana dedicada a la comercialización de sofisticados sistemas de espionaje que, por una cuota de varios millones de pesos, tenía una cuenta activa con el gobierno de Baja California, cuyo titular era Francisco Vega de Lamadrid.
Elite by Carga es proveedora de equipo táctico a dependencias policiales y forma parte de un consorcio llamado Grupo Armor, que vende blindaje de vehículos, tanquetas y aeronaves. El gobierno de Vega de Lamadrid le habría pagado más de cuatro millones de pesos (unos $ 200.000) por dos camionetas blindadas que usaron el gobernador y su familia, de acuerdo con el semanario Zeta.
La acusación que pesa contra Guerrero Villanueva en California alega que en 2014 y 2015 trabajó con una empresa italiana, identificada por los fiscales como ‘Compañía A’, que vendía dispositivos de espionaje y herramientas de geolocalización. La relación comercial inició el 7 de agosto de 2014, cuando Guerrero Villanueva y su empleado Daniel Moreno se reunieron con representantes de esa compañía italiana en San Diego.
