El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación criminal sobre la eliminación de los mensajes. Estos fueron solicitados por el Comité especial de la Cámara de Representantes como pruebas sobre los acontecimientos del 6 de enero del 2021.
Según fuentes especializadas, los resultados de la investigación podrían ser remitidas a los fiscales federales. El inspector informó al Servicio Secreto el miércoles por la noche que la investigación es ahora de carácter penal. Por este motivo solicitó que se detengan todas las pesquisas internas sobre el borrado de los mensajes de texto.
La inspectora general adjunta del Departamento se Seguridad Nacional, Gladys Ayala, solicitó que el Servicio Secreto no intervenga en la investigación. Esta medida tiene como objetivo la recolección y preservación de las pruebas sin intervención de los investigados. La orden también incluye no entrevistar a posibles testigos, recoger dispositivos o interferir de alguna manera en la investigación.
Un funcionario del Servicio Secreto afirmó que la solicitud representa complejidades legales. Sobre todo con la solicitud del inspector general de detener las investigaciones internas cuando la agencia tiene una citación del comité que investiga el Asalto al Capitolio. Además, también existe una demanda de información de parte de los Archivos Nacionales.