La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó este lunes de la presentación de una demanda contra las autoridades del condado Baker (norte de Florida), a las que acusa de impedir ilegalmente que los abogados accedan personalmente a sus clientes en un centro de detención de inmigrantes de la zona.
La demanda afirma que la Oficina del Alguacil de Baker, que tiene un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., violó las normas de esa agencia federal y la Constitución de Estados Unidos al negar a los abogados el acceso a reunirse con clientes existentes y potenciales sin justificación.
De acuerdo con ACLU de Florida, sus representantes alertaron a ICE sobre la violación, pero la agencia federal no tomó ninguna medida.
Los acusados en la demanda presentada en un tribunal federal en Jacksonville son la oficina del alguacil de Baker, el titular de la misma, Scotty Rhoden, y dos ayudantes principales.
“La gente está sufriendo en Baker y debemos asegurarnos de que los que están en el poder rindan cuentas”, dijo en un comunicado Katie Blankenship, directora adjunta de asuntos legales de ACLU.
La demanda obedece a que los funcionarios del Centro de Detención de Baker cancelaron, con dos días de aviso, una visita planificada para el 9 de septiembre por parte de abogados de ACLU y estudiantes de derecho inscritos en un programa de esa organización.
El objetivo de la visita era instruir a los inmigrantes sobre sus derechos legales.