El Organismo europeo renovó este jueves su paquete de sanciones sobre ciudadanos y entidades en Nicaragua. De esta manera, la medida que se estableció en 2019, estará en vigencia hasta el 15 de octubre de 2023.
La prórroga estaría motivada, sobre todo, por la expulsión de la jefa de la delegación del bloque en Managua, Bettina Muscheidt. La embajadora de la Unión Europea fue expulsada del país centroamericano el 28 de setiembre. El organismo ha considerado que la decisión es “injustificada”, igual que la decisión del gobierno de Daniel Ortega de romper relaciones con los Países Bajos.
El gobierno nicaragüense habría tomado estas medidas después que una delegación de la UE exija la liberación de los presos políticos y el regreso de la democracia. Este hecho ocurrió en última Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York.
Originalmente este paquete alcanzaba a 6 personas, pero al agravarse la situación en Nicaragua, la lista fue aumentando. Actualmente son 21 las personas y 3 entidades que son señaladas como “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”.
Estás medidas prohíben el ingreso y el tránsito de los sancionados dentro de las fronteras de la Unión Europea. Asimismo, se incluye la congelación de los bienes que los sancionados puedan tener en el territorio de la UE. Así también, una prohibición a empresas y ciudadanos europeos de proveerlos con fondos.