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Un informe de una organización no gubernamental de El Salvador señala que más de 2.350 funcionarios del actual Gobierno de Nayib Bukele no han declarado su patrimonio, incumpliendo la Ley de Probidad.
El informe “Monitoreo sobre Prioridad en la Función Pública”, elaborado por expertos de la entidad Acción Ciudadana, indica que 1.632 declaraciones corresponden a inicio de funciones – es decir que los funcionarios no han declarado su patrimonio al tomar su cargo- y 724 a cese de funciones.
Además, revela que 1.008 funcionarios hombres están pendientes de entregar su declaración de patrimonio de inicio de sus funciones y 624 corresponde a funcionarias de diferentes entidades gubernamentales, incluyendo a las autónomas de la actual administración.
Al menos 475 funcionarios hombres no han declarado al término de sus funciones, a lo que se suman 249 funcionarias públicas, de acuerdo con los datos plasmados en el documento.
La Ley de Probidad fija la obligatoriedad de la presentación de la declaración patrimonial y establece que el documento “es la manifestación bajo juramento que los sujetos obligados deben hacer en forma clara, precisa y detallada de todos sus activos, pasivos, ingresos y egresos, dentro y fuera del territorio nacional, para que sirva de elemento de juicio en la calificación de la licitud de la eventual variación de su patrimonio y del correspondiente a su grupo familiar”.
Entre los sujetos obligados a presentar la declaración patrimonial están: el presidente y el vicepresidente, los designados a la Presidencia, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, los secretarios, subsecretario, comisionados y subcomisionados de la Presidencia, entre otros.
