El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió a las autoridades nicaragüenses la devolución de las oficinas confiscadas a finales de abril por orden del Gobierno de Daniel Ortega.
La resolución, que fue aprobada con 29 votos a favor, 3 abstenciones y dos ausencias, exige a Nicaragua asumir la responsabilidad de “todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales”.
El texto tuvo que ser finalmente sometido a votación, pese a la voluntad de las delegaciones de Canadá y Antigua y Barbuda, dos de sus impulsoras, de que fuera aprobado por aclamación.
El representante de El Salvador, Agustín Vásquez, declaró no estar dispuesto a que la resolución fuera aprobada por consenso y solicitó que se sometiera a voto.
Finalmente, ninguna de las delegaciones votó en contra y solo las de El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas se abstuvieron. Además, estuvieron ausentes durante la votación los representantes de Bolivia y Nicaragua.
El texto fue propuesto por Canadá, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Granada y Uruguay.