Los embarazos forzados de niñas y adolescentes se han convertido en una epidemia normalizada que no se ha logrado combatir en Guatemala, pese a ser uno de los países de América Latina con las tasas más altas de fecundidad en adolescentes.
Según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), solo en los dos primeros meses de 2022, 12.379 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en todo el país. Una cifra que se elevó hasta 72.077 en 2021.
“La situación de embarazos forzados en Guatemala es escalofriante, especialmente en el caso de las niñas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las políticas no están del lado de las niñas, así que este flagelo trunca sus proyectos de vida y no hay acciones concretas de parte del Estado para frenarlo. Más bien, esto se vuelve un factor fabricador de pobreza”, explica a EFE el oficial senior de programas de Planned Parenthood Global en Guatemala, José Ros Silvestre.
El especialista señala que la mayoría de estos embarazos, empezando por los de las niñas de 10 a 14 años, son producto de la violencia sexual que sufren, especialmente dentro de su hogar o comunidad. “En 2018 hubo 5.680 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, 16 por día, y en 2019 se registraron 7.365 niñas que se habían convertido en madres”, agrega.
Mirna Montenegro, directora de OSAR, cree que los casos de violencia sexual pueden ser mucho mayores. “Los promedios a veces esconden las realidades de algunos departamentos. Al año hay 2.400 nacimientos de niñas o niños cuyas madres tienen menos de 14 años. Y la covid, la violencia, el hacinamiento, menos acceso a servicios y menos acceso a denuncias también ha hecho que la violencia sexual se incremente”, subraya.