La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del Ministerio de Seguridad de El Salvador se negó a revelar la cifra total de recompensas entregadas a la ciudadanía por denunciar telefónicamente a pandilleros para su detención, en el marco del régimen de excepción, y puso los datos bajo secreto durante 4 años.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo régimen de excepción tras una ola de asesinatos, la más alta en el tiempo que tiene de gobernar el actual presidente, Nayib Bukele, y el Congreso autorizó la entrega de recompensas por las denuncias que lleven a la detención de supuestos pandilleros.
Son 30 millones de dólares de recursos estatales los que los diputados autorizaron para la entrega de estas recompensas y que, tras declarar la reserva, la ciudadanía no podrá conocer su manejo.
Efe solicitó a la UAIP de dicho ministerio el detalle del monto total de dinero entregado a ciudadanos que han denunciado la presencia de pandillas a un número telefónico habilitado por el Gobierno.
“La liberación de la información que los ciudadanos suministren corre el riesgo de alertas a los miembros de grupos terroristas y modificar su conducta para evitar su captura, incidiendo en la efectividad de los procedimientos de investigación que las instituciones de seguridad implementen” (sic), respondió la entidad al requerimiento.