La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló las personalidades jurídicas de otras 96 ONG nicaragüenses por no registrarse como “agentes extranjeros”, con lo que suman 440 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de las 96 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 14 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y dos estuvieron presentes y no votaron.
Entre las organizaciones afectadas está la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo -hijastra del presidente Ortega y a quien denunció en 1998 de abusos sexuales-.
También el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal de Nicaragua, que en la víspera aclaró que esa disolución no perjudica su estatus jurídico debido a que desde 2014 son regulados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Otra ONG ilegalizada es la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), también del Cosep, que antes de la crisis que estalló en abril de 2018 mantuvo un diálogo de consenso con Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007.