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La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano aprobó un informe que acusa al presidente, Pedro Castillo, de dirigir una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que se ha implicado a otros personajes vinculados con la actual gestión que están prófugos de la Justicia.
Con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el grupo parlamentario dio luz verde al informe que ahora deberá ser enviado ante el pleno del Congreso para seguir el mismo procedimiento.
El documento, de más de 360 páginas, plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
En una sesión caótica, el grupo parlamentario presidido por el congresista fujimorista Héctor Ventura leyó las conclusiones y las recomendaciones del informe final, que indican que Castillo encabezaría una presunta red criminal que actuaría en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que integrarían otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios.
Las investigaciones legislativas apuntan que “está comprobado” que el jefe de Estado y otros personajes vinculados a su Gobierno “estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección” en el Ministerio a favor de diversas empresas.
En ese sentido, agrega que “está probado” que, durante las adjudicaciones de contratos públicos, existieron comunicaciones entre Castillo y empresarios “para efecto de determinar los resultados de los procesos de selección”.
“Está comprobado que los empresarios, dueños de las empresas que conformaron el Consorcio Puente Tarata, entregaron beneficios económicos al presidente de la República por intermedio de (la empresaria) Karelim López“, se lee en el documento divulgado en medios locales.
Según el informe, que también acusa al mandatario de una supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas, esta red criminal habría cometido actos ilícitos desde julio de 2021, cuando Castillo asumió la Presidencia de Perú, hasta fines de ese año.
