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El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha firmado el Acuerdo de Escazu, un tratado internacional ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas medioambientales y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
La adhesión de Chile a esta carta, impulsada tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo Sostenible celebrada en 2012, fue planteada por el primer gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014), pero fue desechada durante su segundo término en el Palacio de la Moneda (2018-2012) por presiones de la industria y la minería.
Fuentes próximas al actual gobierno han asegurado a EFE que resultaba inexplicable que Chile no formase parte de este gran pacto suscrito por las grandes naciones del continente y que se ajusta a la nueva realidad económica, en la que la defensa del medioambiente es crucial.
Y afirman que coincide con la visión estratégica del nuevo Ejecutivo liderado por Boric, un político preocupado y concienciado sobre la necesidad de actuar de forma urgente frente a la emergencia climática.
