El Gobierno boliviano promulgó una ley de protección a víctimas de feminicidios e infanticidios que incluye entre otras disposiciones que ya no habrá detención domiciliaria para los presuntos responsables de estos hechos, no se permitirá la “revictimización” y se sancionará a jueces que retarden la justicia.
La norma se aprobó en un acto en la casa de Gobierno en La Paz en el que participaron el presidente de Bolivia, Luis Arce; el ministro de Justicia, Iván Lima, y la diputada oficialista Lidia Tupa, que preside la comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, entre otros.
“Promulgamos una ley específica sobre este tipo de verdaderos crímenes que se cometen contra la humanidad y lo hacemos con la firme esperanza de que esta norma contribuya a la erradicación de estos actos inhumanos”, expresó Arce en su discurso.
El mandatario enfatizó que es importante que los jueces trabajen en favor de la mujer y que “ya no tengan opciones para favorecer a los delincuentes”.
Arce pidió “no más impunidad ni jueces prevaricadores”, sino “una justicia sensible a esta problemática” y que permita sentar precedentes.
Además pidió a la militancia del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y a sus ministros que “muestren con el ejemplo” la “verdadera lucha contra la violencia” y que no haya “doble moral”.