Señaló que persisten las medidas de acoso judicial, asfixia económica, presiones y manipulación judicial para “intentar amedrentar y acallar a los medios”.
Los periodistas de Bolivia exigen al gobierno de Luis Arce frenar los hechos de violencia y censura que sufren de parte de grupos vinculados al partido MAS y le conminan a respetar la ley que garantiza la libertad de expresión. Asociaciones de periodistas de los nueve departamentos de Bolivia se reunieron en La Paz y redactaron un documento que en que enumeran algunos de los atropellos y amenazas que sufre el sector, incluso secuestros y acoso judicial.
El documento asegura que la policía y la justicia forman parte del sistema creado por el gobierno para amedrentar a los periodistas y presionar a los medios de comunicación independientes, a los que, además, trata de asfixiar económicamente. El exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana dijo en el de Tv canal Abya Yala, obsequiado por el gobierno de Irán a Evo Morales, que los diarios independientes Página Siete, Los Tiempos, El Deber y El Diario lavan el cerebro de los bolivianos y son “hegemónicos y decrépitos” (sic).
Los funcionarios del gobierno boliviano llaman “hegemónicos” a los medios que gozan de la preferencia del público, una moda copiada de la prédica peronista en Argentina.
La primera parte del documento de la Asociación Nacional de Periodistas y de las asociaciones departamentales de todo el país dice que las autoridades presionan para que periodistas revelen la fuente de sus noticias y los amenazan con privarlos de libertad si es que no lo hacen, lo que va contra la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado boliviano.
“Por primera vez en 40 años tras la recuperación de la democracia, se produjo el secuestro y tortura de periodistas por parte de encapuchados armados conocidos como “interculturales”, vinculados al oficialismo, en el predio de Las Londras, Santa Cruz, que hasta ahora se mantiene en la impunidad”, señalan. A causa de todo esto, las asociaciones de periodistas decidieron crear un equipo jurídico para ponerlo al servicio de sus colegas que sean amenazados por el gobierno o sus funcionarios.