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Mientras ucranianos ingresan como refugiados, inmigrantes hispanos y de otros países son expulsados
Se cumplieron dos años desde que Donald Trump aprobó la ley migratoria Título 42. Durante este período, más de 1.6 millones de inmigrantes han sido rechazados. Sin embargo, algunos ciudadanos ucranianos han sido exentos a esta política, lo que ha originado el reclamo de organizaciones que buscan garantizar los derechos de los migrantes.
Cientos de miles de migrantes, en su mayoría de América Central, pero con número creciente de sudamericanos, africanos y asiáticos, han permanecido en campamentos y situaciones precarias en el norte de México expuestos, según los activistas, a asaltos, violaciones, secuestros y homicidios.
“El gobierno del presidente Joe Biden ha continuado el uso de esta norma inhumana e ilegal que ha negado a cientos de miles de personas su derecho a solicitar el asilo”, afirmó en una teleconferencia Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC, en inglés).
En una entrevista, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó que se está capacitando a los oficiales de asilo “que son expertos en la adjudicación de reclamos de ayuda humanitaria” como parte de preparativos para una posible reducción del Título 42.
Casos
Sin embargo, ello no cambia la polémica del ingreso de algunos ciudadanos ucranianos exentos a esta política y la expulsión de otros. Un ejemplo claro es la cancelación de vuelos de deportación a Ucrania.
En cambio, en el caso de Haití, muchos de ellos permanecen bajo custodia de los EE. UU. por más tiempo que los períodos de cuarentena recomendados por los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) antes de su expulsión a Haití, lo que hace que cualquier reclamo de protección sanitaria sea discutible.
En declaraciones para el diario The Hill, Eleanor Acer, directora de protección de refugiados de Human Rights First, declaró que “Cada día que esta política está en vigor, en realidad pone en peligro vidas humanas, daña la salud pública, refuerza los tropos racistas y daña la credibilidad de los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] y la credibilidad de la administración. También viola el derecho estadounidense e internacional”.
