Una nueva disputa política se está deliberando en el Perú luego de que la primera ministra, Mirtha Vásquez, firmara unos polémicos compromisos. El cumplimiento de estos supondría para el Estado dejar de recibir 12,3 millones de soles al mes en tributos. ¿A qué se debe esto? A la firma de un acta de compromisos con autoridades y dirigentes de las provincias ayacuchanas por parte de la premiere Mirtha Vásquez, donde se acordaba crear una comisión ejecutiva de negociación de términos del cierre de las unidades mineras de las cabeceras de cuenca Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada. Las cuatro minas se encuentran actualmente paralizadas y según el documento firmado, el proceso de cierre de la actividad minera se revisaría con las comunidades.
Producto de esta falta de comunicación de parte del ejecutivo, las compañías mineras afectadas se enteraron de los acuerdos a través de las redes sociales, por lo cual brindaron una conferencia de prensa mostrando su sorpresa y pidiendo la reconsideración de tal posición. “No hemos recibido ningún tipo de comunicación formal. Nos enteramos a través de una trasmisión en vivo realizada por radio Parinacochas”, contó Carlos Salina Mesa, abogado de la empresa SAMI SAC (Breapampa). Frente a esto la PCM recalcó a través de un comunicado que las cuatro mineras se encuentran con “Planes de Cierre” en curso.
A pesar de lo complicada que es la situación en términos laborales, económicos y sociales, hay diversos hechos que no se han considerado al momento de exponer esta decisión públicamente, además de denotar la improvisación y el poco conocimiento que expresa el ejecutivo frente a la población, la responsabilidad económica que recae sobre nuestras autoridades parece no ser un tema de agenda debido a que a esta inestabilidad se le suma el pedido de vacancia presidencial efectuado por el congreso que ha acelerado además el alza del dólar y continúa desestabilizando las canastas familiares de millones de peruanos.
Tal como han señalado un gran número de expertos, entre las cuatro empresas mineras que cerrarían en Ayacucho se dejaría de pagar 12,3 millones de soles mensuales en impuestos. Además, unos 54 mil puestos de trabajo (entre directos e indirectos) estarían afectados. Por cada empleado directamente contratado por la minera, se generan 8 empleos indirectos relacionados.
Es por ello que hoy más que nunca se necesita de la responsabilidad de nuestras autoridades en cuanto a las actividades esenciales desarrolladas en el país, siendo un país minero. Cabe resaltar que estas actividades evidentemente deben desarrollarse con responsabilidad y buscando la mínima afectación de los derechos humanos inalienables a las personas; sin embargo, las declaraciones de nuestros representantes deben llevarse con responsabilidad, respondiendo a un plan de gobierno articulado y coherente.