Hace apenas unos meses, Lucio Pérez ha salido de la iglesia del oeste de Massachusetts en la que había vivido más de tres años para poder evitar la deportación.
Las autoridades migratorias concedieron en marzo una suspensión temporal de su proceso de expulsión mientras el guatemalteco, de 40 años, pide que se reconsidere su caso.
Ahora Pérez espera que un fallo reciente de la Corte Suprema le ayude a despejar ese último obstáculo y conseguir una autorización oficial para quedarse en el país que ha llamado hogar durante más de dos décadas.
“En este momento me siento muy optimista de que todo está en el buen camino”, dijo hace poco desde su casa en Springfield, Massachusetts. “Ya no tengo ese miedo a la deportación. Ahora me siento más seguro”.
Pérez es uno de docenas de inmigrantes que confían en que su deportación se cancele porque las citas judiciales no se les notificaron adecuadamente.
La Corte Suprema concluyó en abril en el caso Niz-Chavez contra Garland que el gobierno federal debe proporcionar en una única notificación toda la información requerida a los inmigrantes que afrontan un proceso de expulsión.