El juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva de las obras del Tren Maya para que las autoridades se abstengan de realizar actos para la construcción de obra nueva en los municipios de Mérida, Chocolá e Izamal.
La jueza federal, Karla Domínguez otorgó la suspensión definitiva con el amparo 613/2020, promovido por residentes de Yucatán, que alegan que esta obra provocará daños ambientales irreversibles y consideran que el tema no se consultó de manera suficiente en las comunidades.
La suspensión estará vigente todo el tiempo que dure el trámite del juicio de amparo, mediante el cual se busca identificar si se informó o no.
Cabe la posibilidad de que el gobierno federal impugne la decisión a través de un recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito.
Este freno temporal afectará al tramo 3 y el tramo 4 de manera parcial, por lo tanto, las empresas mexicanas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones e ICA Constructora también se verán afectadas.
Grupos defensores denunciaron la vulneración del derecho de la participación de las comunidades indígenas y la falta de una evaluación ambiental regional que demostrara el impacto de la construcción.
A través de un comunicado, el colectivo Kanan Derechos Humanos aseguró que esta suspensión es una oportunidad para exigir el derecho a la información y obtener una sentencia favorable.
Tras la acusación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de no aclarar 156.1 millones de pesos sobre este proyecto, la polémica del Tren Maya revivió.
Fonatur se defendió diciendo que “el Tren Maya es un proyecto transparente que cumple con la normatividad”.
El proyecto del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, considera una inversión de 6 mil 294 mdd a lo largo de 1,554 kilómetros que recorrerá en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
