Los activistas anunciaron el 13 de octubre que mantendrían la convocatoria de su marcha pacífica, una iniciativa inédita en 60 años, en un desafío al Gobierno que había negado el día antes el permiso para realizarla al calificarla de “ilícita”.
La Fiscalía de Cuba advirtió a los convocantes de la marcha pacífica del 15 de noviembre que incurrirán en delitos si mantienen su plan, algo que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas opositores y en las redes.
Si los impulsores de la marcha insisten en realizarla pese a la negativa oficial de las autoridades, enfrentarán “consecuencias legales por promover y realizar marchas ilícitas”, declaró la vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, Yahimara Angulo.
Explicó que podrían incurrir en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir y otros, penados con sanciones económicas y privación de la libertad de tres meses a un año.