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Perú.- El expresidente de Perú Manuel Merino, su primer ministro Ántero Flores-Aráoz y el ministro del Interior Gastón Rodríguez pueden ser condenados hasta a 35 años de cárcel tras ser denunciados penalmente por delitos que implican “graves violaciones de los derechos humanos”.
“Los denunciamos por tres delitos, pero en realidad nos concentraremos en el más grave, que es homicidio calificado, la ley penal peruana determina que se sanciona con pena mínima de 15 años y podría llegar a una pena de 30 o 35 años, eso quedará en manos del Poder Judicial”, dijo este lunes a Efe el abogado Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal.
Rivera confirmó que las principales autoridades del gobierno que dimitió este domingo tras una semana de protestas sociales que dejaron dos muertos y decenas de heridos en Lima, han sido denunciadas por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad.
Responsabilidades penales
La denuncia también comprende al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco; al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas, y a los jefes operativos y a los agentes antidisturbios que arremetieron contra los ciudadanos que, en su gran mayoría, manifestaban pacíficamente.
El abogado explicó que en el caso de las altas autoridades la denuncia penal busca ir “más allá” de las responsabilidades políticas, que tendrá que revisar el Congreso, pues plantea “la exigencia de responsabilidades legales en el ámbito estrictamente penal”.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía de la nación, se fundamenta en que “hay un hecho concreto que se puede verificar: Merino, Ántero-Flores y Rodríguez fueron parte de una cúpula de poder que tomó decisiones con la finalidad de reprimir los actos de manifestación pública y protesta que se produjeron”.
“Esas decisiones las ejercieron en el ejercicio de una función pública, de una autoridad pública y estuvieron dirigidas a tener como objetivo no solamente el desarrollo de hechos de represión por parte de la Policía Nacional, sino de hacer cesar a como dé lugar las manifestaciones que se estaban desarrollando”, detalló Rivera.
Represión excesiva
La denuncia, que fue presentada por ocho organismos de derechos humanos, indica que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios también atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones.
Agrega que tras la muerte de los estudiantes universitarios Jack Pintado, de 22 años de edad, e Inti Sotelo, de 24 años, el general Cayas declaró que el empleo de perdigones era un “hecho aislado”.
Los organismos solicitaron, por ese motivo, que se inicie una investigación penal a los comprendidos en la denuncia, porque también hay numerosas personas heridas y mujeres que fueron agredidas sexualmente tras ser detenidas.
“Hay una cadena de autores que comienza con el presidente de la República”, enfatizó Rivera antes de decir que su instrumento operativo fue la Policía Nacional, que decidió actuar “desvinculada del marco normativo” porque “sabe perfectamente que lo que ha hizo es ilegal e inconstitucional”.
Investigación fiscal
La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, confirmó este lunes que ordenó el inicio de una investigación preliminar contra Merino, Flóres-Aráoz y Rodríguez por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso en agravio de Sotelo y Pintado, así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de “personas a determinar”.
Sotelo fue impactado con 4 disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón, mientras que Pintado recibió 10 perdigones de plomo en el cráneo, cara, cuello, brazo y tórax, según la necropsia.
Ávalos remarcó que estos delitos se cometieron “en el contexto de violación de derechos humanos” y aseguró que “estas muertes no quedarán impunes”.
El caso lo encargaron a la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos, que también investiga las denuncias de desaparecidos, que son seis actualmente, por lo que ha solicitado “la geolocalización de cada uno de ellos” y pidió a la Policía Nacional “aplicar los protocolos necesarios” para la ubicación.
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