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Asunción, Paraguay 21 oct (EFE).- La relación entre la política y el narcotráfico, la falta de protección física a los trabajadores de los medios o los ataques a la libertad de expresión son algunas de las amenazas y riesgos a los que se exponen los periodistas paraguayos, según consta en el informe de Paraguay expuesto este miércoles ante la 76 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El ejercicio del periodismo en Paraguay es más peligroso en las zonas de la frontera con Brasil, como en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde en febrero fue asesinado por tres presuntos sicarios el periodista brasileño Leo Veras, conocido por su trabajo de investigación sobre corrupción y el crimen organizado.
Su asesinato llevó a los periodistas de Pedro Juan Caballero a reclamar ante la Mesa Interinstitucional de Seguridad para Periodistas “garantías para poder ejercer su profesión”.
“Los periodistas pedrojuaninos denunciaron que son constantemente amenazados por organizaciones criminales brasileñas que luchan por el control de las rutas del tráfico de drogas y armas en esa región del país, tales como el Primer Comando dan Capital (PCC) y el Comando Vermelho”, reconoce el Informe.
POLÍTICA, JUSTICIA Y PERIODISMO
La directora del diario ABC Color, Natalia Zucolillo, y uno de los redactores del periódico siguen a la espera del juicio por la demanda presentada contra ellos por la exviceministra de Tributación, Marta González, por haberla acusado de supuestas irregularidades durante su gestión.
A eso se añade la “persecución contra el comunicador Édgar Chilavert por parte de la Fiscalía”, finalmente absuelto de un presunto delito de abuso sexual.
Ambos casos “sumaron aspectos negativos para la libertad de prensa en el país”, apuntó el Informe de Paraguay ante la Asamblea de la SIP.
No obstante, la querella de la exviceministra de Tributación no es la única que pesa contra el diario ABC Color, ya que el excamarista Arnaldo Martínez Prieto también tiene un proceso pendiente contra el periódico.
Martínez Prieto denunció en 2006 al entonces director del periódico, Aldo Zuccolillo, ya fallecido, tras sentirse ofendido por las críticas a su decisión de absolver al expresidente Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), acusado de irregularidades en el Banco de Desarrollo.
El excamarista solicitó este 1 de julio al juez de la causa que decrete una medida de inmovilización sobre los bienes del fallecido Zuccolillo y sobre las acciones de la empresa Editorial Azeta S.A, editora del diario.
“Existe preocupación en círculos periodísticos de que una sanción civil excesiva pueda tener un efecto lesivo a la libertad de expresión más grave que una sanción penal”, teme el Informe de Paraguay, que también exige al Poder Judicial que “tutele y haga efectiva la garantía y derecho de la libertad de información”.
El Informe de Paraguay también presenta otro caso que atañe al diario ABC Color, en este caso a su periodista Víctor Franco Novarecci, que en abril presentó denuncias ante la Fiscalía y ante la Superintendencia de Justicia de la Corte contra el abogado Víctor Mujica por amenazarle de muerte a él y a su familia, según dice el Informe.
Las amenazas se produjeron a raíz de unas publicaciones del periodista sobre el juicio de los “coquitos de oro”, una sobrefacturación en la compra de panificados, caso en el que están acusados los defendidos del abogado, el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares y Alfredo Guachiré, también exfuncionario de la SEN.
DETENCIONES Y TRANSPARENCIA
En mayo de este año, la Interpol confirmó la detención en Brasil de Wilson Acosta Marques, autor material del asesinato del periodista de ABC Color, Pablo Medina, y su asistente, Antonia Almada, en octubre de 2014, dedicados a la investigación del tráfico ilegal de drogas.
Acosta se encontraba prófugo desde entonces y, tras conocerse su detención, el Gobierno paraguayo remitió a la Justicia brasileña un exhorto con fines de extradición, aunque el juicio para la extradición sigue pendiente de resolución, ya que Acosta presentó un documento de identidad brasileño y Brasil no extradita a sus ciudadanos.
La Policía también ha capturado a otros sospechosos narcotraficantes, como Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias “Minotauro”, Ederson Salinas Benítez, alias “Ryguasu”, ambos presos en el Brasil, y Marcio Sánchez, alias “Aguacate”, como consta en el Informe de Paraguay.
El logro del periodismo paraguayo en este último año fue la publicación de las declaraciones juradas de los altos cargos del Gobierno entre 1998 y 2017, disponibles en la web de la Contraloría después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las considerara “información pública”.
La decisión de la CSJ se consiguió tras las peticiones del periodista Juan Carlos Lezcano, de ABC Color, y el respaldo del abogado Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
abcd
